
Aquí no acaban los costes, además en ciertos casos el empresario industrial tendrá que contratar a un auditor para que elabore un informe sobre la cuenta justificativa, sumar los costes administrativos de la elaboración de la propia cuenta justificativa y el posterior control durante 10 años de los avales aportados y de las amortizaciones anuales y pago de intereses (esto último es obvio independientemente del financiador del empresario).
Una evidencia de la transmutación financiera del Ministerio se encuentra en los criterios de evaluación de las solicitudes, además de las restricciones de los tipos de gasto financiable, además de solo poder optar hasta un máximo del 70 % de las inversiones realizadas, además de poder presentar solo una solicitud por beneficiario, además de poder obtener como máximo el 10 % del total de fondos consignados en la convocatoria, pues además de todas estas restricciones, se introducen criterio relacionados con los fondos propios, la deuda financiera, los activos corrientes, el EBITDA, la TIR, pasado y previstos, conceptos que nos parecen fundamentales si estamos hablando de prestar fondos y de conocer la capacidad de que el prestatario tenga la suficiente para devolverlos a su tiempo. Esta característica es sin duda la que define el negocio de un banquero, que es primordialmente la de tomar prestado y prestar dinero, y naturalmente, recuperarlo.
Se estima que el tipo de interés aplicable rondará el 5 %, por lo que de acudir a las futuras convocatorias ministeriales, solo será conveniente si no tiene otras vías de financiación de su actividad o estas son más caras todavía.
Señor ministro si lo que quiere es convertirse en un banquero industrial, debe de corregir algunos aspectos que encarecen, entorpecen, demoran y reducen su actividad financiera, piense en más fondos, más tiempo, menos requisitos, más conceptos financiables, y más flexibilidad.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
- Orden IET/611/2013, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.
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